Solo contra el mun
 
No cabe duda de que el presidente Néstor Kirchner quisiera que la Argentina fuera tomada por un país serio y normal, para emplear dos de sus palabras favoritas, pero sucede que también se siente comprometido con lo que a juicio del resto del planeta la hace tan excéntrica, de ahí los enfrentamientos incesantes con millones de acreedores indignados que se creen víctimas de un fraude en una escala jamás vista, con los empresarios por lo común extranjeros que manejan servicios públicos esenciales, con los técnicos del Fondo Monetario Internacional y con muchas personas poderosas más. Si bien por ahora Kirchner goza del apoyo de la mayoría de sus compatriotas y de algunos contestatarios en el exterior que comparten la idea de que la culpa de todo la tienen los "neoliberales", la posibilidad de que su análisis del gran desastre nacional sea universalmente aceptado es muy pero muy escasa. Sin embargo, aun cuando el Presidente se diera cuenta de que lo que le parece políticamente provechoso en el corto plazo será a la larga económicamente nefasto, no le sería nada fácil cambiar de rumbo por depender tanto su imagen de "rebelde sano" de su voluntad de ensañarse en público con quienes en buena lógica debería estar procurando complacer. Por antipáticos que sean muchos empresarios y financistas, dadas las circunstancias le es tan contraproducente tratarlos como enemigos como lo sería para una víctima de cáncer emprender una vendetta contra todos los médicos.
En la Argentina de Kirchner, la política parece ser lo único que importa, razón por la que les ha tocado a las empresas privatizadas, Edenor, Edesur, Edelap y Aguas Argentinas, encabezar la nómina de los malos de la semana y por lo tanto de los blancos más recientes de la santa ira presidencial. Además de acusarlas de ser chantajistas miserables que no vacilan en privar a la gente de luz o agua en un intento de sacarle más dinero, el gobierno ha comenzado a multarlas por sus felonías. Puede que lo hayan merecido - son tantos los intereses en juego que nunca sabremos la verdad verdadera - pero declarar la guerra a quienes suministran servicios imprescindibles es una forma muy extraña de promover el bienestar del pueblo. De difundirse la noción de que todo apagón o corte de agua constituye una especie de triunfo moral para los hombres del Presidente, los resueltos a expulsar a los explotadores extranjeros del suelo patrio tendrán tantos motivos como los lobbistas más salvajes de las privatizadas para asegurar que pasemos buena parte del verano en la oscuridad, casi muertos de sed, a la espera de un invierno sin calefacción.
A juzgar por su retórica, el gobierno es propenso a suponer que cualquier problema que surja en los servicios públicos será provocado por la malevolencia de capitalistas que luego de haber hecho su agosto en la década infame de los noventa deberían estar dispuestos a operar a pérdida hasta nuevo aviso. Esta versión de la tesis reivindicada por quienes insisten en tratar de "subordinar lo económico a lo político" suena bien en una sociedad aficionada a las teorías conspirativas, pero sucede que, como hace poco descubrieron millones de estadounidenses, canadienses e italianos, a menos que uno invierta mucha plata en las empresas energéticas uno tendrá que acostumbrarse a apagones costosísimos. Puesto que, por los motivos que fueran, a partir de 1998 sólo se han invertido monedas, no es necesario ser un lobbista desalmado para hablar de "colapsos" por venir, sobre todo si en los meses próximos la economía crece al ritmo previsto por muchos especialistas.
Kirchner, Roberto Lavagna y los demás entenderán esta realidad, pero aunque reconocen que un día tendrán que permitir que las tarifas aumenten, cualquier decisión en tal sentido será considerado una derrota. Acaso intentarán atenuarla mediante un truco similar a aquel que les sirvió para suavizar el impacto del acuerdo con el FMI que firmaron después de una breve ruptura, pero mientras que las medidas duras que eventualmente tomen a fin de cumplir con lo pactado con los técnicos del Fondo no incidirán inmediatamente en la vida de la gente, un aumento tarifario se hará sentir casi en seguida, desatando protestas virulentas y reacciones jurídicas de toda clase. Una vez más, pues, el deseo oficial de politizar al máximo un asunto económico lo está forzando a elegir entre el corto plazo y el largo, el que en la Argentina suele llegar más pronto que en otras latitudes.
Kirchner ya es prisionero de la imagen que se ha confeccionado en base a los prejuicios de la facción peronista en la que se formó y los deseos de los muchos que quisieran convencerse de que "la crisis" culminó cuando Fernando de la Rúa se fue y que desde entonces el país se ha ido reconciliando consigo mismo. Por desgracia, tanto optimismo no se justifica.

El default no fue un episodio anecdótico atribuible a la rapacidad ajena que "el mundo" esté dispuesto a olvidar sino el comienzo de una enfermedad enervante que continuará agravándose hasta que el país se haya curado por completo de la ilusión de que sea digno negarse a respetar las obligaciones. Asimismo, ordenar la pesificación fue obra de un par de minutos, pero transcurrirán decenios antes de que se haya resuelto el embrollo legal resultante. En este frente, las escaramuzas serán constantes y también lo serán las oportunidades que brindan al gobierno y a sus adversarios para tratar de aprovecharlas en beneficio propio.

Por desgracia, mientras que cierta arrogancia de parte de los representantes gubernamentales cae bien fronteras adentro, en Europa, América del Norte y el Japón sólo hace pensar que "los argentinos" son incorregibles, que lejos de haber aprendido algo de la experiencia están más decididos que nunca a enorgullecerse de actitudes que los demás juzgan radicalmente equivocadas.