Un hacker menor de 18 años se alzaba con unos 50.000 dólares por mes estafando empresas de juegos en línea y de pagos electrónicos a través de la red, utilizando como oficina de operaciones nada menos que la casa donde vive con sus padres en el barrio porteño de San Cristóbal.

La casa del joven fue allanada y allí se encontró un arsenal de tecnológico que utilizaba el adolescente para hackear cuentas. El dinero era desviado a una cuenta bancaria en Rosario, donde también se realizaron allanamientos, informó Clarín.

Según el sitio On-Line 911, de la casa del joven hacker, situada en Juan de Garay al 3200, fueron secuestradas computadoras con capacidades de cálculo muy superiores a las corrientes, cables de conexión especiales, servidores, routers y 14 discos rígidos.

El operativo que desembocó en la detención del joven tiene como investigadas a otras seis personas, entre las que se encuentra su propio padre, un ingeniero informático de quien los pesquisas sospechan que pudo colaborar en los ilícitos. Los investigadores también sospechan que podría haber sido ayudado por su hermano menor.

Si bien por ahora las damnificadas que constan en el expediente son empresas nacionales, los investigadores están tras la pista de defraudaciones informáticas a nivel internacional.

Hace más de un año que los especialistas de la División Delitos Tecnológicos de la Policía Federal estaban tras la pista de este pirata informático. Comenzaron a seguirle el rastro luego de la denuncia de una empresa de “hosting” que había detectado que alguien interfería en los giros de dinero que le hacían sus clientes.

Fuentes de la investigación revelaron que el "súper hacker" poseía varias cámaras de última generación enfocadas en distintos puntos de la manzana en la que vivía, con la intención de saber con antelación si se producía un operativo policial y así tener tiempo de destruir las pruebas.

Por esa razón, el día del operativo los efectivos de PFA decidieron cortar como precaución el suministro de energía eléctrica en la zona.

Del allanamiento participó la fiscal Graciela Gils Carbó que en ese momento imputó al adolescente una serie de delitos, entre ellos “acceso ilegítimo al sistema informático” (que tiene entre 15 días y seis meses de prisión), “daño informático” (15 días a un año de prisión) y “fraude informático” (hasta seis años de prisión).

El operativo se bautizó “Zombie” porque una de las modalidades usadas por el hacker era intervenir las computadoras de las empresas cuando éstas no estaban en uso o, como se dice en la jerga informática, cuando estaban “dormidas”.

Interviene en la causa el Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción 11, a cargo de Wilma López.