En el marco del paro por 24 horas de los productores agropecuarios, la Sociedad Rural Argentina fue intimada a través de una carta documento enviada desde el Gobierno nacional a abandonar el predio en un lapso máximo de 30 días, según indicó el titular de la entidad, Luis Etchevehere.

Según señaló al canal de noticias TN, el presidente de la SRA sostuvo en referencia a la decisión de anular el decreto de venta del predio que "es una confiscación, una represalia, porque no hubo una ley votada por el Congreso",

"El precio fue establecido en su momento a partir de tres tasaciones. Se nos impuso conservar y restaurar los edificios históricos y construir un moderno centro de exposiciones, cargas que fueron cumplidas", recordó Etchevehere.

Al ser consultado por los alcances de la investigación judicial en curso, opinó: "Ese es un proceso que recién empieza. Hay varias personas que estamos procesadas, y ese procesamiento fue apelado y aún no está firme la resolución. No terminó la etapa de instrucción y ni siquiera está empezado el juicio oral".

La voz del oficialismo explicó que la anulación del decreto se fundamentó en una investigación judicial que detectó irregularidades en la operación de venta de los terrenos.

Por su parte, el presidente de la Federación Agraria Argentina (FAA), Eduardo Buzzi, aseguró en declaraciones a Radio Mitre, que el gobierno les va "a terminar sacando hasta el apellido" y consideró que si se revisa la compra del predio de la Rural de Palermo, "también revisen" las ventas realizadas en El Calafate a dirigentes kirchneristas.

Buzzi aludió de esta forma lo sucedido con las Cartas de Porte, el Rentare, la toma del predio de la Rural y también la decisión oficial de quitarle a la entidad la emisión de un formulario utilizado por cooperativas cerealeras y acopios para las operaciones de compra de granos. "Ahora son los formularios que imprimía la Federación Agraria, y motivo por el cual se deja a cincuenta personas en la calle", explicó, al tiempo que recordó que esto "le permitía tener a la FAA una serie de empleados y una rentabilidad" por gestionar este tipo de servicios.

Intereses políticos. El ministro de Agricultura, Norberto Yauhar, cuestionó el cese de comercialización de hacienda, al sostener que "quienes convocan a este lockout están mezclando sus intereses políticos". Yauhar sostuvo que "en algún punto" la Mesa de Enlace fracasó en sus pretensiones políticos porque "no es lo mismo el productor de la Federación Agraria que tiene 50 hectáreas que Biolcati, que tiene 10.000. Tampoco es lo mismo el productor que tiene 50 vacas que el que tiene 7500 vacas, como Biolcati en su tambo. Él puede sentarse con SanCor y arreglar el precio sí o sí. En cambio, el pequeño productor, ¿puede arreglar algo por su cuenta? Ahí es donde tiene que intervenir el Estado".

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