AÑO 18

NUMERO 617

Opinión

Año: 12

Número: 579

GRAVE: EL MUNICIPIO CONTRATÓ COMO ASESOR A EX COMISARIO INVOLUCRADO A SONADO HOMICIDIO OCURRIDO EN RAFAELA.

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TITULO: Excomisario vinculado al asesinato de la militante social Silvia Suppo designado asesor municipal en Esperanza
Bajada: La Municipalidad de Esperanza puso en funciones, no hace mucho, a Leandro Alberto Amaya, (comisario general (Re) de la policía de Santa Fe) con el fin de “aconsejar” sobre seguridad vial en ese municipio.

SILVIA SUPPO
Silvia fue secuestrada en mayo de 1977, y llevada al centro clandestino de detención conocido como “La Casita”, que se encontraba en la localidad de Santo Tomé. Allí, los represores la sometieron a torturas y violaciones reiteradas que le produjeron un embarazo y en cautiverio, María Eva Aebi, integrante del servicio penitenciario provincial, le practicó un aborto. Recuperó la libertad a fines de 1978, gracias a la intervención de sectores vinculados a la Iglesia católica, y en especial de Jorge Casaretto, quien entonces oficiaba como obispo en Rafaela. En 2009, Silvia declaró en el primer juicio de lesa humanidad que se llevó a cabo en la ciudad de Santa Fe y su testimonio permitió las condenas de Brusa y de los policías Héctor Colombi, Juan Perizotti, Mario Fancino, Eduardo Ramos y la carcelera Aebi. Gracias al testimonio de Silvia, Brusa se convirtió en el primer magistrado en recibir una condena por lesa humanidad, al quedar acreditado que presenciaba torturas y les tomaba declaración a los detenidos que se encontraban en los centros clandestinos de detención. Silvia fue asesinada el 29 de marzo del 2010.

¿QUIÉN ES AMAYA?
Amaya fue sindicado por la querella de la militante asesinada en Rafaela, Silvia Suppo, por “perjudicar la investigación” en esa causa.
Si bien el juicio a los dos autores materiales del asesinato a Silvia Suppo, ya concluyó con la condena de ambos a prisión perpetua, durante el desarrollo del juicio, los querellantes entendieron que debe investigarse también el accionar policial, porque aseguraron que “perjudicaron la investigación”.
El ahora asesor del Poder Ejecutivo de Esperanza, Leandro Alberto Amaya, estuvo implicado en la causa por negar haber recibido una prueba clave como lo fue el video de la Terminal de Omnibus de Rafaela que muestra a los dos condenados, Rodrigo Sosa y su primo Rodolfo Cóceres, la misma mañana del crimen, el 29 de marzo de 2010, escapando en un colectivo de línea hacia la ciudad de Santa Fe.
Según la crónica del diario Rosario/12 del 6 de febrero de 2015, “el apoderado de la empresa concesionaria de la Terminal de Omnibus, ratificó ante los jueces del Tribunal Oral que tuvo que entregar dos veces las grabaciones: la primera, en la Jefatura de Policía y la segunda, ante el propio juez que instruía la causa, Alejandro Mognaschi, porque la primera copia nunca llegó al expediente.
“Yo fui personalmente a entregarles el video”, dijo el apoderado de la Terminal, y mencionó que lo había dejado en manos del entonces subjefe de la Unidad Regional V, Leandro Alberto Amaya, quien negó haberlo recibido. El empresario no tuvo la precaución de hacerse firmar un recibo, pero sí se guardó una segunda copia, que es la que luego aportó a la investigación.
Cabe resaltar que la familia de Silvia Suppo entiende que en el crimen de la militante social también hubo participación policial por lo que se pidió se investigue el accionar policial; situación que el Tribunal no ordenó investigar. “Volveremos a reclamar para que se vea lo que pasó en el juicio, el pésimo accionar de la policía y el encubrimiento en esta causa. Pretendíamos más de este Tribunal”, afirmaba la abogada querellante Lucila Puyol, luego de la sentencia.

¿QUÉ DICE LA MUNICIPALIDAD DE ESPERANZA?
En un comunicado, el Municipio de Esperanza entiende que la designación de Amaya es considerada como un “avance en la seguridad vial”. El comunicado afirma: “(…) fue puesto en funciones en el día de la fecha (4 de mayo de 2015) el Sr. Leandro Alberto Amaya, (Comisario General (Re) de la policía provincial y titular de la UR V con asiento en Rafaela, entre otras funciones) de amplia trayectoria y con capacitación superior en Seguridad Pública y Ciudadana realizada en el Instituto de Seguridad Pública (ISeP) de Santa Fe, como asesor del Departamento Ejecutivo Municipal a los fines de aconsejar y proponer acciones", en materia de seguridad.

PREGUNTAS QUE EXIGEN RESPUESTA
Resulta por demás extraño que, siendo el Municipio esperancino de orientación kirchnerista, (con lo que eso significa o quiere sugerir en materia de derechos humanos), permita el ingreso a su conducción de un ex policía sospechado de connivencia con la represión.  No estaría demás que se informe quién fue el contacto que acercó a Amaya al ejecutivo local.  El ingreso del ex comisario como asesor de la Municipalidad de Esperanza es bastante reciente pero no hay duda -dada la repercusión periodística- que tomarán intervención los organismos de derechos humanos para requerir a los responsables los motivos del nombramiento, además realizado entre gallos y medianoche, en un lugar que no ameritaba urgencia alguna. Es muy posible que la Intendenta ignore la gravedad de este hecho o que le haya restado importancia, aunque, la señora debería tener en cuenta, porque no es un dato menor, que el ingreso de Amaya haya rebotado a nivel escándalo en importantes diarios de todo el país.  Si fue un descuido entonces fue un descuido demasiado grande. Ya sabemos lo sensible que es este tema, más todavía cuando incluye desaparecidos y (como en el caso de Silvia Suppo) crímenes dudosos con todos los ingredientes de un silenciamiento.  No debería demorar demasiado, el Municipio local, en dar las respuestas que este hecho demanda.

 
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