"Estamos en el camino correcto porque hemos comenzado a construir un país inclusivo, federal", proclamaba la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner el 20 de mayo de 2011, en plena campaña electoral, cuando inauguró el Parque Eólico Arauco de La Rioja, una obra que demandó unos 245 millones de pesos y prometía sumar 25,2 megavatios a la generación energética nacional, suficientes para abastecer a 30.000 hogares riojanos.
El proyecto, desarrollado por la empresa local IMPSA junto a la estatal ENARSA y el gobierno riojano, debía aportar un total de 50 megavatios para mediados de este año. Y aunque representaba un mínimo porcentaje dentro del esquema eléctrico nacional, se esperaba que sus 12 aerogeneradores fueran el puntapie inicial para desarrollar energías renovables en nuestro país.
Pero el Parque Eólico Arauco quedó en un estado de abandono total y ahora es un "cementerio de aspas", según denunció el diputado nacional Julio Martínez, del radicalismo riojano, en una Audiencia Pública que tuvo lugar en el Congreso de la Nación.

"El año pasado, para las elecciones, desde el gobierno se mentía que el parque eólico ya estaba conectado y enviando energía al sistema interconectado nacional. Eso nunca fue cierto y la realidad indica que las inversiones se tienen que realizar de nuevo porque estuvieron mal hechas", sostuvo Martínez.
El legislador pidió "abrir el debate y la conciencia en contra de la perversa y contaminante matriz energética nacional y que los planes oficiales amenazan con empeorar". Y opinó que las energías alternativas "no son un proyecto de futuro o un experimento. Son una realidad, y progresivamente van aumentando su producción y cobertura".
"El sol y el viento están disponibles sin costo, aunque hay que realizar inversiones y desarrollar tecnología eficiente para poder aprovecharlos como fuente de energía. Pero esto no puede estar cruzado por la corrupción por que nos hace dar varios pasos para atrás", completó Martínez.

Junto a la diputada Inés Brizuela y Doria, el legislador presentó ante la Cámara baja un proyecto para que el Ejecutivo Nacional "informe los motivos por los cuales se tiene que volver a realizar semejante inversión" y pidió conocer los detalles del contrato con IMPSA, empresa proveedora de los aerogeneradores.

Además, el proyecto reclama que se informe sobre los "costos de adquisición, operación y mantenimiento, capacidad de generación de energía, plazo de amortización, vida útil y horas/día de funcionamiento estimadas de cada aerogenerador. Si es cierto que las palas, a menos de un año de su instalación, no desarrollaban la performance necesaria, haciendo crítica la certeza de la durabilidad en el tiempo; y quien o quienes fueron los responsables de la supervisión de la calidad de las palas".